Racionalidad económica y justicia social para transformar el Perú.
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«La economía deja de ser una ciencia árida cuando asume su dimensión ética: ordenar la producción y distribuir el esfuerzo colectivo para que el pan y la libertad alcancen a cada hogar peruano.»
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Hoy el 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, y la democracia ha retrocedido, para el ciudadano promedio, a los niveles de 1978. El Perú no es ajeno a esa tendencia: ha tenido ocho jefes de Estado en diez años y apenas uno de cada diez peruanos cree que los partidos funcionan bien.
En realidad, la democracia nunca prometió elegir al mejor gobernante; prometió poder sacar al malo sin violencia y corregir los errores. Sus riesgos son reales y los griegos ya los describieron hace 2 400 años, pero la evidencia muestra que sus alternativas suelen ser peores. La salida no es sustituirla, sino rodearla de instituciones que la fortalezcan y entre esas instituciones, sostengo que la más necesaria es una propuesta peruana de hace casi un siglo: el Congreso Económico Nacional de Víctor Raúl Haya de la Torre.
Los riesgos de la democracia se discutieron desde que nació en Atenas. Los griegos identificaron casi todos los problemas que hoy vemos en las noticias.
Platón, en La República, la comparó con un barco donde se elige al capitán no por saber navegar, sino por convencer mejor a los pasajeros. Temía que la libertad sin límites terminara en demagogia y, finalmente, en tiranía: el pueblo cansado del desorden entrega el poder a quien promete orden. Su crítica tenía una herida personal, porque fue la asamblea ateniense la que condenó a muerte a su maestro Sócrates en el año 399 a. C.
Pericles, en cambio, defendió en su Discurso fúnebre una ciudad gobernada por la mayoría, donde se ascendía por mérito y no por linaje. Y Aristóteles buscó un punto medio: aceptó que muchos ciudadanos juntos pueden juzgar mejor que unos pocos, pero advirtió que la democracia pura degenera cuando cada grupo gobierna para sí. Su ideal fue un régimen mixto, la Politeia, sostenido por una clase media amplia.
El Perú tuvo su propia versión de ese debate. En 1931, Víctor Raúl Haya de la Torre propuso complementar la democracia de los votos con una "democracia funcional": un Congreso Económico Nacional donde empresarios, trabajadores y Estado diseñaran juntos la política económica, idea que siguió desarrollando hasta su muerte en 1979. La Constitución de 1933 llegó a incluir un Consejo de Economía Nacional y un Senado de composición funcional, pero ninguno de los dos llegó a funcionar.
La historia moderna confirmó esas advertencias. La República de Weimar (Alemania) cayó en 1933 desde dentro, cuando el partido de Hitler llegó al poder por votos y desmontó las instituciones. En América Latina, buena parte de los golpes del siglo XX se justificaron con el desorden de gobiernos electos. El propio Perú vivió en 1992 el autogolpe de Fujimori quien había sido elegido democráticamente, donde cerró el Congreso con amplio respaldo popular. La lección es la misma que intuyó Platón: las democracias rara vez mueren de un solo golpe; suelen debilitarse cuando la gente deja de creer que funcionan.
Las dos mediciones más usadas del mundo coinciden: la democracia lleva dos décadas en retroceso. Según el Informe de Democracia 2026 de V-Dem (Universidad de Gotemburgo), al cierre de 2025 había 92 autocracias y 87 democracias, y 44 países estaban en proceso de autocratización. Las libertades civiles y la libertad de prensa están en su punto más bajo en 60 años; solo la parte electoral se mantiene estable, por ahora.
Freedom House registra en 2025 el vigésimo año consecutivo de caída de la libertad global: 54 países empeoraron y solo 35 mejoraron. Apenas el 21% de la población mundial vive hoy en países libres, frente al 46% de hace veinte años. El dato importante es cómo caen: no tanto por golpes militares, sino por líderes elegidos que atacan desde dentro a las instituciones que deberían controlarlos.
El caso peruano: dinero, crimen y partidos de alquiler
El Perú reúne casi todos los riesgos que describieron los griegos. Desde 2016 ningún presidente ha terminado su mandato: la destitución de José Jerí en febrero de 2026 marcó el octavo cambio de jefe de Estado en menos de diez años. La fragmentación alimenta el problema del dinero. En la elección presidencial de abril de 2026 compitieron 35 candidatos, una cifra récord. Partidos sin militancia ni cuadros dependen de quien pueda pagar la campaña, y en el Perú hay mucho dinero ilegal buscando protección política: Las economías ilegales mueven alrededor de US$ 12 000 millones al año, según la Universidad del Pacífico. El 78% de los peruanos consideraba probable que el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión inyectaran dinero en las elecciones de 2026. (El contralor general, la Confiep y la SNMPE advirtieron públicamente ese riesgo antes de los comicios). Así se cierra un círculo vicioso: el ciudadano desconfía de los partidos, vota por rechazo más que por adhesión, y el ganador llega sin bancada ni equipo, dependiente de quien lo financió. Es la versión moderna del temor de Platón: no gana el más preparado, sino quien puede pagar el barco.
¿Hay algo mejor? Lo que dice la evidencia
Frente a este panorama, crece la tentación de buscar atajos. El argumento autoritario tiene ejemplos que mostrar: Corea del Sur y Taiwán despegaron bajo gobiernos autoritarios, Singapur se volvió rico con un partido dominante y China sacó de la pobreza a cientos de millones sin elecciones libres. Sus defensores dicen que un gobierno sin presión electoral puede planificar a largo plazo y tomar decisiones impopulares pero necesarias. Algunos filósofos, como Jason Brennan, proponen incluso que el voto pese según el conocimiento del votante. La evidencia, sin embargo, favorece a la democracia en promedio. El estudio más citado, de Acemoglu, Naidu, Restrepo y Robinson en el Journal of Political Economy (2019), analizó 184 países entre 1960 y 2010. Encontró que un país que se democratiza alcanza un PBI per cápita cerca de 20% más alto a los 25 años de lo que habría tenido sin democratizarse, La razón principal: las democracias invierten más en salud y educación y eliminan privilegios de los grupos cercanos al poder.
El argumento autoritario además sufre de sesgo de supervivencia. Por cada Singapur hubo muchos regímenes que hundieron a sus países, como el Zaire de Mobutu o la Venezuela de las últimas dos décadas. Las autocracias no son mejores en promedio, sino más extremas: cuando el líder sin contrapesos se equivoca, no hay manera pacífica de corregirlo. Y la propuesta de que voten solo los "preparados" deja sin respuesta la pregunta clave: quién decide quién está preparado. Ese poder sería fácil de capturar por las mismas élites que hoy financian campañas. Aun así, el debate sigue abierto. Hay economistas serios que creen que algunos países necesitaron etapas de desarrollo con menos contrapesos, y el éxito de China obliga a tomar en serio esa posición. Lo que la evidencia sí descarta es que la autocracia sea una apuesta segura.
Propuesta: una democracia que haga caro portarse mal
La respuesta a los riesgos de la democracia no es menos democracia, sino una democracia mejor protegida. Aristóteles ya lo intuyó con su régimen mixto: el pueblo elige la dirección, pero el poder se reparte y se limita. El Perú tiene su propio ejemplo de que eso funciona: el BCRP, un organismo técnico y autónomo que ha mantenido casi 30 años de inflación baja mientras los presidentes caían uno tras otro. La propuesta la ordeno en cuatro frentes.
1. Cortar el vínculo entre dinero y poder: Publicar cada aporte de campaña en tiempo real, antes de la votación, no meses después, Dar a la ONPE, la UIF y la Fiscalía capacidad para cruzar datos y sancionar, incluida la exclusión del candidato que reciba dinero ilícito y entregar financiamiento público suficiente y controlado, para que los partidos no dependan del financista oscuro.
2. Reconstruir los partidos y el equilibrio de poderes: Requisitos reales de militancia, democracia interna y votación mínima para mantener la inscripción, de modo que desaparezcan los partidos de alquiler. Debates obligatorios y planes de gobierno evaluados públicamente, para que la preparación del candidato se vea antes de votar.
3. Blindar al Estado con mérito: Un servicio civil meritocrático, donde los altos cargos se ganen por concurso y no por favores.
4. Acordar el rumbo más allá de cada gobierno: el Congreso Económico Nacional: El Perú cambia de presidente con frecuencia, pero su economía necesita estrategias de veinte años. La tesis de Haya de la Torre ofrece una respuesta: un organismo tripartito donde quienes generan la riqueza (empresarios y trabajadores) y el gobierno de turno acuerden las políticas de Estado en materia económica. No reemplaza al voto, sino que lo complementa, tal como el régimen mixto de Aristóteles sumaba distintas fuerzas sociales al gobierno.
Composición plural: gremios empresariales y sindicatos, pero también representantes de las MYPE y de los jóvenes emprendedores, que hoy no tienen voz en ningún espacio de decisión.
Secretaría técnica independiente: universidades y especialistas que sustenten cada propuesta con datos, al estilo del BCRP.
Poder real pero acotado: el Ejecutivo y el Congreso estarían obligados a pronunciarse públicamente sobre sus recomendaciones, sin que estas sustituyan a la ley.
Transparencia total: sesiones públicas y registro de quién propone qué, para evitar que se convierta en un club de lobby.
La idea tiene precedentes que muestran su potencial y sus límites. Países como España, Francia o Irlanda tienen consejos económicos y sociales permanentes, y el propio Perú creó en 2002 el Acuerdo Nacional, que fijó políticas de Estado con partidos y sociedad civil. Su debilidad fue que sus acuerdos no obligaban a nadie y fueron perdiendo peso. También hay críticas que conviene atender. Algunos politólogos advierten que los esquemas corporativos pueden dar demasiado poder a gremios organizados, dejar fuera a los informales, que son la mayoría de los trabajadores peruanos, o terminar capturados por los grandes grupos económicos. Por eso el diseño importa tanto como la idea: un Congreso Económico Nacional solo fortalece la democracia si es plural, transparente y técnico.
Mi postura: la plena vigencia del Congreso Económico Nacional
Después de revisar la historia y los datos, mi conclusión es clara: la tesis del Congreso Económico Nacional que Haya de la Torre planteó en 1931 no es una pieza de museo, sino una respuesta vigente a los problemas que hoy asfixian a la democracia peruana.
Haya vio algo que la democracia de los votos, por sí sola, no resuelve. El sufragio elige gobernantes cada cinco años, pero no garantiza que quienes producen la riqueza del país participen en las decisiones que la afectan. Por eso propuso sumar a la representación política una representación funcional: empresarios, trabajadores y Estado sentados en la misma mesa para diseñar las políticas económicas de largo plazo.
Casi un siglo después, los hechos le dan la razón:
Falta de continuidad. Ocho jefes de Estado en diez años hacen imposible cualquier estrategia de desarrollo que dependa solo del gobierno de turno. Un organismo permanente, que sobreviva a los cambios de presidente, es la única forma de dar continuidad a las políticas de Estado.
Partidos sin legitimidad. Si solo el 9% de los peruanos cree que los partidos funcionan bien, la política económica no puede quedar solo en sus manos. El Congreso Económico Nacional abre un segundo canal de representación, basado en el trabajo y la producción y no en la campaña electoral.
Dinero oscuro en la política. Cuando las decisiones económicas se discuten en público, entre sectores identificados y con sustento técnico, al financista ilegal le resulta mucho más difícil comprar una ley desde la sombra.
Exclusión de los que producen. Siete de cada diez trabajadores son informales y las microempresas pagan tasas de interés cercanas al 70%. Un Congreso Económico donde tengan asiento las MYPE y los jóvenes emprendedores pondría esos problemas en el centro de la agenda, y no en los márgenes.
Reconozco los riesgos que señalan sus críticos, en especial el de la captura por los grandes grupos económicos. Pero esos riesgos no invalidan la idea; obligan a diseñarla bien. El BCRP demuestra que el Perú sí puede construir instituciones técnicas, autónomas y estables cuando hay voluntad. Lo que falta es aplicar esa misma lógica a la gran pregunta del desarrollo. La democracia nunca garantizó buenos gobernantes; lo que garantiza, cuando funciona, es que los errores puedan corregirse sin violencia. El Congreso Económico Nacional no reemplaza ese principio, lo completa. Retomar la propuesta de Haya de la Torre es, a mi juicio, la mejor manera de que el Perú deje de reiniciarse cada cinco años y empiece, por fin, a construir un proyecto de país compartido.
Banca concentrada, crédito prohibitivo y un modelo económico que financia al capital, pero limita al emprendedor
Por Daniel Alvarado | 2 de noviembre de 2026
En el Perú existe una contradicción que merece una discusión nacional: mientras el sistema bancario registra utilidades históricas, miles de pequeños empresarios, comerciantes, productores y jóvenes emprendedores encuentran en el costo del crédito una barrera casi infranqueable para desarrollar sus actividades. En 2025, el sistema bancario peruano registró utilidades por S/ 14 147 millones, un incremento del 37% respecto al año anterior. Al mismo tiempo, las tasas de interés para determinados créditos a microempresas llegaron a niveles cercanos al 70% anual, según las cifras de referencia del período analizado.
No estamos ante una simple diferencia de precios entre productos financieros. Estamos ante una cuestión de estructura económica, distribución de oportunidades y acceso al capital. ¿Qué clase de modelo de desarrollo puede construir un país que exige productividad, innovación, formalización y generación de empleo, pero coloca el financiamiento necesario para alcanzar esos objetivos fuera del alcance de buena parte de sus emprendedores?
El problema no consiste en cuestionar la rentabilidad legítima de la actividad bancaria. Los bancos deben ser rentables, administrar riesgos y proteger los depósitos de sus clientes. El problema aparece cuando la estructura del mercado permite que el capital sea considerablemente más accesible para quien ya posee patrimonio, garantías e historial financiero, mientras quien pretende construir una empresa desde cero debe pagar un precio extraordinariamente superior.
En otras palabras, el sistema termina reproduciendo una ventaja acumulativa: quien tiene capital consigue capital barato; quien carece de él debe pagar mucho más para intentar obtenerlo. Esta no es solamente una falla financiera. Es una limitación para el desarrollo nacional.
1. El dinero tiene dos precios en el Perú: uno para el poderoso y otro para el emprendedor
Las cifras del Banco Central de Reserva del Perú revelan una brecha difícil de justificar desde una perspectiva de desarrollo productivo. En febrero de 2026, las tasas promedio de referencia presentadas para los distintos segmentos mostraban el siguiente panorama:
Segmento empresarial
Tasa anual
Grandes empresas. 7,70%
Medianas empresas. 10,29%
Pequeñas empresas. 20,01%
Microempresas. 69,59%
Fuente: BCRP, información publicada el 16 de marzo de 2026. Las tasas corresponden a promedios por segmento y no a ofertas individuales. La diferencia es reveladora. Una gran empresa puede financiarse a una tasa cercana al 8%, mientras que una microempresa enfrenta costos varias veces superiores. No se trata de afirmar que ambos prestatarios tienen idéntico riesgo o generan los mismos costos de evaluación. Evidentemente, no es así. Pero sí corresponde preguntar por qué la diferencia alcanza semejantes dimensiones y qué está haciendo el Estado para corregir las condiciones estructurales que la producen. El dinero, que debería ser un instrumento para multiplicar la producción, se convierte así en un mecanismo que puede perpetuar las diferencias de origen.
Un joven que pretende instalar un taller, desarrollar una empresa tecnológica, adquirir maquinaria agrícola o abrir una pequeña industria necesita capital inicial. Sin embargo, si no tiene patrimonio que ofrecer como garantía, su proyecto puede quedar descartado antes de demostrar su viabilidad. El sistema evalúa su pasado patrimonial, pero tiene dificultades para financiar su futuro productivo. Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿estamos financiando proyectos capaces de generar riqueza o estamos financiando principalmente a quienes ya demostraron poseerla?
2. La concentración bancaria: cuando pocos actores dominan el mercado
El segundo problema es la estructura del sistema financiero.
Al cierre de 2025, cuatro entidades —BCP, BBVA Perú, Interbank y Scotiabank— concentraban aproximadamente el 82,3% de los créditos de la banca múltiple y el 82,5% de los depósitos, según información de la SBS recogida en el reporte anual de Intercorp Financial Services. El BCP, por sí solo, representaba alrededor de un tercio de las colocaciones. Esta concentración no demuestra automáticamente que exista concertación de precios ni que los bancos estén incurriendo en prácticas anticompetitivas. Sería irresponsable formular semejante acusación sin pruebas. Pero sí plantea una cuestión económica legítima: ¿cuánto espacio tiene la competencia para reducir los costos financieros cuando una proporción tan elevada del mercado se encuentra en manos de cuatro grandes entidades?
La concentración importa porque influye en los incentivos. Cuando pocos participantes dominan la intermediación, la presión competitiva para desarrollar productos destinados a segmentos pequeños y costosos puede resultar insuficiente. Las grandes empresas representan operaciones de mayor volumen, cuentan con estados financieros, garantías y estructuras administrativas que facilitan la evaluación crediticia. El pequeño productor, por el contrario, demanda mayor esfuerzo de evaluación y seguimiento por cada sol prestado. El resultado es un mercado donde la rentabilidad y la eficiencia de la intermediación no necesariamente se traducen en financiamiento accesible para todos los sectores productivos.
En 2025, las utilidades del sistema bancario alcanzaron los S/ 14 147 millones. Los cuatro principales bancos concentraron una parte sustancial de esa rentabilidad. La discusión que corresponde abrir no es si los bancos deben ganar dinero. Es si una economía que necesita ampliar su base empresarial puede conformarse con un sistema financiero cuya estructura de incentivos no genera suficiente presión para reducir el costo del capital productivo.
3. El crédito caro también es una fábrica de informalidad
La informalidad peruana suele explicarse a partir de la burocracia, los impuestos, la baja educación empresarial y la debilidad institucional. Todos estos factores importan. Pero existe otro componente que merece mayor atención: la imposibilidad de financiar el crecimiento de los pequeños negocios. Una empresa sin acceso a capital tiene dificultades para adquirir maquinaria, mejorar sus instalaciones, incorporar tecnología, contratar personal, mantener inventarios o ampliar su producción.
Sin inversión, la productividad permanece estancada.
Sin productividad, los márgenes comerciales son reducidos.
Sin márgenes suficientes, la formalización se convierte en una carga adicional que muchos pequeños negocios no pueden sostener.
Y sin formalización, el acceso al crédito sigue siendo limitado.
Se configura así un círculo de exclusión económica:
Poco capital → baja inversión → baja productividad → escasa rentabilidad → informalidad → mayor riesgo crediticio → crédito más caro.
El sistema financiero no es el único responsable de este círculo, pero tampoco puede considerarse ajeno a sus consecuencias. La economía peruana necesita empresas que crezcan, no solamente unidades económicas que sobrevivan. Necesita que un pequeño productor pueda convertirse en proveedor industrial, que un comerciante pueda transformarse en distribuidor y que un joven con una buena idea empresarial tenga posibilidades reales de convertirla en una organización productiva. La falta de financiamiento adecuado impide que ese proceso ocurra a una escala suficiente. Por eso, discutir el costo del crédito es discutir también la capacidad del Perú para transformar su estructura productiva.
4. El problema no es solamente la tasa: es quién tiene derecho a acceder al capital
Hay una dimensión todavía más profunda. En una economía desarrollada, el crédito permite que las ideas, el conocimiento y la capacidad empresarial se conviertan en inversión. El patrimonio facilita el financiamiento, pero no debería constituir la única puerta de entrada al sistema. En el Perú, sin embargo, el acceso al capital está condicionado por una combinación de historial crediticio, garantías, formalidad documental y capacidad de pago demostrada. Estos requisitos son razonables desde la administración del riesgo, pero se vuelven excluyentes cuando el propio sistema económico no ofrece instrumentos alternativos para los emprendedores que todavía no reúnen esas condiciones.
El resultado es una asignación imperfecta del capital: no necesariamente reciben financiamiento los proyectos con mayor potencial de productividad, sino aquellos que pueden demostrar con mayor facilidad su capacidad de devolverlo. Esta distinción es esencial y un país no puede aspirar a diversificar su industria, desarrollar tecnología, modernizar su agricultura y generar empresas competitivas si su estructura financiera no acompaña esos objetivos. El capital debe ser un instrumento de transformación económica y no solamente un mecanismo de intermediación entre quienes ya tienen recursos.
5. No basta con culpar a los bancos: hay que examinar las fallas del Estado
Sería equivocado atribuir todo el problema al sector bancario. Los créditos pequeños tienen costos operativos proporcionalmente mayores. Evaluar un préstamo de S/ 2 000 puede requerir una labor que no disminuye en la misma proporción que el monto prestado. La informalidad dificulta verificar ingresos, y la ausencia de garantías aumenta la exposición al incumplimiento. El propio BCRP ha documentado que, en determinados segmentos de microcrédito con tasas muy elevadas, los costos operativos, el riesgo y el costo de fondeo explican una proporción considerable de la tasa final.
Pero reconocer estos factores no significa aceptar que la exclusión financiera sea inevitable, también corresponde examinar la responsabilidad del Estado ¿Por qué el Perú no ha desarrollado un sistema suficientemente amplio de garantías para nuevos emprendimientos? ¿Por qué no existe una infraestructura de información financiera que permita evaluar mejor a quienes no tienen historial bancario tradicional? ¿Por qué el financiamiento productivo sigue dependiendo tan intensamente de garantías patrimoniales?
La respuesta exige reformas institucionales, no discursos, la experiencia de los topes a las tasas de interés también demuestra que las soluciones simplistas pueden producir resultados contraproducentes. Limitar administrativamente el precio del crédito sin corregir el riesgo y los costos puede terminar excluyendo precisamente a los prestatarios que se pretende proteger, el desafío es construir competencia, información, garantías e instrumentos de financiamiento que permitan reducir los riesgos y, con ellos, el costo del dinero.
6. El Perú necesita una nueva arquitectura de financiamiento productivo
No necesitamos un Estado que sustituya a la banca ni que obligue a las entidades financieras a prestar irresponsablemente. Necesitamos un Estado que establezca las condiciones para que el capital llegue a más sectores de la economía, por lo tanto, propongo cinco reformas estructurales:
Primero: Democratización de la competencia financiera, Facilitar la entrada y expansión de nuevos operadores, bancos digitales, fintech y entidades especializadas en financiamiento productivo. La regulación debe proteger al ahorrista y la estabilidad financiera, pero evitar barreras de entrada innecesarias que reduzcan la competencia.
Segundo: creación de un Fondo Nacional de Garantías para el Emprendimiento Productivo, como un instrumento que comparta parcialmente el riesgo de los créditos destinados a nuevos empresarios, jóvenes emprendedores, pequeños industriales, agricultores y productores regionales, aquí debemos tomar como ejemplo a los países nórdicos como Finlandia o Noruega, está claro que el Estado no debe regalar dinero ni garantizar indiscriminadamente cualquier operación. Debe respaldar proyectos evaluados mediante criterios técnicos, con límites de exposición, auditoría independiente y mecanismos de recuperación, tal como los hace Estados Unidos con su “Small Business administration”
Tercero: una plataforma nacional de información crediticia y finanzas abiertas, para Integrar, con consentimiento y protección de datos, información de facturación electrónica, ventas digitales, pagos de servicios, historial comercial y movimientos financieros. Un emprendedor no debería ser considerado financieramente invisible simplemente porque nunca tuvo un préstamo bancario.
Cuarto: banca de desarrollo orientada a la producción. Fortalecer instrumentos de segundo piso para financiar maquinaria, innovación, tecnología, agricultura, manufactura y exportaciones. El banco de la Nación, COFIDE y las instituciones especializadas deben desempeñar un papel más activo en la movilización de recursos hacia actividades productivas, trabajando con intermediarios financieros y mecanismos de supervisión.
Quinto: transparencia real en el costo del dinero. La SBS debe facilitar comparaciones públicas y periódicas del costo efectivo del crédito por segmento, monto, plazo y entidad. El ciudadano debe poder identificar cuánto paga realmente, qué componentes explican la tasa y qué alternativas existen. El acceso a información clara es una condición de competencia.
7. Una economía que no financia a sus emprendedores limita su propio futuro
El Perú ha demostrado que puede mantener estabilidad monetaria, disciplina fiscal y un sistema financiero rentable. Sin embargo, esos logros no bastan para construir una economía moderna, diversificada y capaz de generar empleo de calidad. La estabilidad macroeconómica debe convertirse en inversión productiva. La liquidez debe traducirse en oportunidades. El ahorro nacional debe contribuir a financiar la transformación empresarial del país. No podemos exigirles a los jóvenes que emprendan, innoven, formalicen sus negocios y compitan internacionalmente mientras les ofrecemos un sistema de financiamiento en el que el costo del capital puede convertirse en el principal obstáculo para comenzar.
Tampoco podemos hablar de industrialización si los pequeños productores no tienen acceso a recursos para incorporar tecnología y elevar su productividad. El Perú no necesita solamente más crédito. Necesita un sistema financiero que financie mejor el desarrollo nacional. La rentabilidad bancaria y el crecimiento productivo no deberían ser objetivos contrapuestos. Una banca sólida necesita una economía dinámica, empresas capaces de crecer y ciudadanos con capacidad de inversión.
El verdadero desafío consiste en construir un mercado donde el capital no sea un privilegio reservado a quienes ya poseen patrimonio, sino una herramienta que permita desarrollar el talento, la iniciativa empresarial y la capacidad productiva de millones de peruanos. porque una economía no se desarrolla únicamente cuando sus bancos ganan más dinero. Se desarrolla cuando ese capital contribuye a crear empresas, empleos, tecnología y oportunidades.
La pregunta que el Perú debe responder es sencilla: ¿queremos un sistema financiero que se limite a administrar el dinero existente o uno que contribuya a crear la riqueza que todavía nos falta?
